Público.es
09-06-2013
Los
bancos y las grandes compañías de seguros (cuyos representantes tienen amplia
mayoría en el grupo de sabios que creó el gobierno para que proporcionara las
claves de la nueva reforma) llevan muchos años tratando de gestionar en
provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas.
Con tanta liquidez como la que maneja la seguridad social se pueden obtener
grandes ganancias en unos mercados financieros como los de hoy día, en donde
las nuevas tecnologías permiten invertir con rentabilidad a una velocidad de
250 millones de dólares por segundo.
Pero
las pensiones públicas son un derecho muy querido por la población y un
instrumento que la gente sabe que es el más eficaz para evitar la pobreza de la
mayor parte de nuestros mayores: ¿cuántas personas ganan lo suficiente como
para ahorrar con su solo sueldo mientras trabajan lo suficiente para vivir con
dignidad cuando se jubilan?
Por
eso les resulta tan complicado a bancos y seguros conseguir directamente la
opción a la que realmente aspiran, privatizar las pensiones públicas para
gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que han tenido que elegir un
camino intermedio, debilitar progresivamente al sistema público para que la
gente, temerosa de que sea insuficiente para garantizarle una vejez decente,
trate de cubrirse las espaldas (quienes pueden) ahorrando en planes privados.
Para
conseguirlo, la estrategia seguida por los bancos y por los que defienden sus
intereses ha sido muy clara: asustar constantemente a la población diciéndole
que dentro de unos años no se podrán financiar las pensiones públicas, así que
lo más razonable y previsor es justamente eso, ahorrar en planes privados. Y la
convicción se ha conseguido divulgando hasta la saciedad un argumento que
aparentemente es indiscutible: como cada vez vivimos más y hay más personas
jubiladas resulta que la factura a pagar por las pensiones públicas será tan
cara en un futuro próximo que el sistema será materialmente insostenible.
Con
el fin de convencer a la gente de esa idea los bancos y compañías de seguros
vienen financiando generosamente a un buen número de economistas que
periódicamente presentan sus previsiones siempre de la misma forma. Con gran
cobertura mediática informan a los cuatro vientos de que dentro de tantos o
cuantos años la seguridad social tendrá un déficit insuperable y que eso
colapsará el sistema público de pensiones así que hay que rebajarlas, atrasar
la edad de jubilación y, en suma, hacer más difícil que realmente sirva de
protección suficiente en la vejez.
Es
muy significativo que ninguno de ellos (he dicho bien, ninguno) haya acertado
nunca. Algo normal porque sus modelos son muy sofisticados pero concebidos a
propósito para "demostrar" lo que estaba establecido de antemano para
asustar: que habría déficit en 1990, en 1995, en 2000, 2005, 2010, 2030, 2060....
Y es verdaderamente sorprendente que los bancos y compañías de seguros hayan
seguido pagando buena cantidad de millones a esos mismos autores a pesar de que
no acertaban nunca en las previsiones para los años a los que ya se ha llegado.
Un caso único en los anales de la historia: nunca los bancos han mirado tan mal
por su dinero gastándolo en economistas que no aciertan nunca en las
previsiones que se le piden.
Muy
sorprendente salvo, claro está, que no busquen argumentos científicos y
rigurosos sino excusas para presionar y sacar adelante su estrategia.
En
todos esos informes los argumentos que dan para asustar a la gente y lograr que
el mayor número posible de personas salga corriendo a suscribir planes de
ahorro privados son aparentemente muy sofisticados y se presentan como el
último grito del conocimiento científico. Pero en realidad son una manipulación
grosera de los hechos y de lo que de verdad sabemos sobre las pensiones y la
evolución de los sistemas de seguridad social.
En
el libro que Vicenç Navarro y yo acabamos de publicar (Lo que debes saber
para que no te roben la pensión, publicado por Espasa) explicamos con
claridad la falsedad de sus argumentos. Recomiendo vivamente que se lea y
difunda para poder explicar a la gente las mentiras que nos están diciendo.
Pero ahora simplemente quiero mencionar la falacia sobre la que la mayoría de
los sabios convocados por el gobierno están basando sus conclusiones acerca de
la sostenibilidad del sistema.
Parten
de una idea también aparentemente indiscutible: hay que lograr que el sistema
de pensiones públicas sea sostenible, es decir, que sus gastos no superen a los
ingresos porque si no se vendría abajo. Y, para ello, como he dicho, lo único
que se les ocurre es rebajar la cuantía de las pensiones. Una falacia porque
equivale a decir que para que no bajen las pensiones en el futuro lo que hay
que hacer es que bajen ya, desde ahora.
Podemos
afirmar que este tipo de argumentos son falsos porque, suponiendo que lo
adecuado sea lograr la sostenibilidad equilibrando ingresos y gastos (en muchos
países se financian a través de los Presupuestos del Estado), no podemos actuar
solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos.
Y
resulta que es falso que los ingresos del sistema de pensiones públicas
dependan solo de variables demográficas y particularmente de la mayor esperanza
de vida (un concepto que, como explicamos en el libro, utilizan erróneamente).
También dependen de otras variables, algunas de las cuales nunca se mencionan.
Una
de ellas es el empleo, otra el nivel de salario y, por tanto, la desigualdad.
Pongamos
un ejemplo muy fácil.
Supongamos
que financiar las pensiones públicas cuesta 7 euros, que los ingresos totales
de una sociedad son de 40 euros que se reparten al 50% entre los propietarios
del capital y los asalariados y que éstos dedican la mitad de sus salarios a
financiar las pensiones, es decir, 10 euros. Por tanto, en este caso, habría 3
euros de superávit (10-7=3) en el sistema de pensiones, dinero de sobra para
financiarlas.
Pero
ahora supongamos que se han aplicado políticas muy injustas que disminuyen los
salarios en beneficio de las rentas del capital, por ejemplo, haciendo que a
éstas últimas le corresponda 30 euros y a los asalariados solo 10 euros. Si
aceptamos que la población trabajadora y los pensionistas siguen siendo los
mismo, a las pensiones solo irán ahora 5 euros y por tanto, no habría
suficiencia para pagar las pensiones, el sistema tendría un déficit de 2 euros
(5-7= -2).
Es
fácil comprobar, por tanto, que los ingresos con los que se financian las
pensiones públicas se deterioran no solo porque vivamos más y haya menos gente
trabajando (incluso esto puede ser un factor poco preocupante si logramos, como
suele suceder siempre a lo largo de la historia, que los que trabajan sean más
productivos y que menor número de empleados puedan mantener a más número de
pensionistas). Como en el ejemplo que acabo de poner, el sistema puede entrar
en déficit si la masa salarial disminuye, bien porque haya menos empleo, bien
porque los empleados perciban menos salario.
Por
tanto, basar la sostenibilidad del sistema solo en el factor demográfico del
envejecimiento (sin hablar nada de la gran concentración de la renta a favor
del capital que se viene produciendo) es un truco para rebajar la pensión y
lograr lo que he dicho que de verdad persiguen los bancos y compañías de
seguro.
Por
tanto, lo que en realidad pone en peligro a las pensiones públicas (entre otras
cosas que explicamos en el libro) no es que vivamos más años, sino las
políticas de austeridad que crean paro, y que por tanto hacen que haya menos
cotizantes. Y, sobre todo, la mayor desigualdad de rentas, que es lo que se
viene produciendo en los últimos años, porque, como he mostrado en el sencillo
ejemplo anterior, con la desigualdad disminuye la masa salarial con la que se
financian.
En
definitiva. El problema que amenaza a las pensiones no es de naturaleza
demográfica. No. Lo que hay detrás es en realidad un conflicto de intereses
entre grupos sociales, entre los de arriba y los de abajo, entre banqueros y
financieros y la inmensa mayoría de la población que vive de su salario, entre
propietarios del capital y asalariados. Dicho más claramente, es la lucha de
clases. Ese conflicto que dicen que ya no existe para hacernos creer que los
asuntos sociales son neutros y que solo los pueden arreglar los técnicos
mediante fórmulas matemáticas (como las del grupo de sabios del PP) que nadie
más que ellos puede entender.
Lo
cierto es todo lo contrario. El futuro de las pensiones públicas no depende de
esas fórmulas sino de la fuerza que tengan los asalariados para defender sus
derechos y para asegurar que sus ingresos no disminuyan
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Alertados
los pueblos indígenas, rurales, urbanos, de México y de todo el mundo,
se acercan, se aprietan, y cada uno como un grano se ensamblan formando
una nueva comunidad, una mazorca que asemeja un puño levantado, para
detener la barbaridad de la siembra de ese maíz empeorado, contaminador,
uniforme, enfermizo, estéril y criminal.
¿Quién
está en todos esos negocios a la vez? ¿Quién hay detrás de la carne,
del pan, de la pasta, de la leche… y no lo sabemos? ¿Quién tiene en el
mismo local estanterías repletas de agrocombustibles hechos de maíz,
lineales con piensos de soja para el engorde de animales y, un pasillo
más allá, una mesa con un gestor que ofrece pensiones ligadas a la
compra de hectáreas en Etiopia o bonos financieros referenciados al
precio del trigo? Los cuatro ‘compro, vendo y especulo’ de la comida a
los que me refiero son, por este orden: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus,
conocidos por sus iniciales como los ABCD de la comercialización de
materia prima. Cuatro empresas con sede en los Estados Unidos que, si
inicialmente consiguieron dominar y controlar el mercado mundial de los
granos básicos, cereales y leguminosas, han ido ampliando en los últimos
años sus negocios a estas nuevas áreas.